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Victorio Ceruti
Argentina
Mendoza
“La casa ya fue declarada patrimonio histórico por la Legislatura provincial, pero falta que el Congreso (nacional) sancione la ley de expropiación”, señaló Mariana Masera, nieta de Victorio, que impulsa la campaña junto a su prima Mónica Cerutti. El pedido de adhesiones (que pueden hacerse a través de la página www.barriocasagrande.com) tiene urgencia porque el proyecto de ley quedó trabado en Diputados. Había logrado la media sanción en Senadores, pero ahora está a punto de perder estado parlamentario.
La idea de que la casa –que tiene diez habitaciones, un patio central y un jardín– sea un espacio de referencia de los derechos humanos para Mendoza es apoyada por todos los organismos de la provincia. Comenzó a tomar forma en 2006. Dos años más tarde, con el apoyo del gobierno kirchnerista y la firma de la entonces senadora por Mendoza, Marita Perceval, el proyecto ingresó a la Cámara alta. Allí fue aprobado por unanimidad. Mónica Cerutti detalló lo que siguió después: “En Diputados, Vilma Ibarra se ocupó de que fuera aprobado en la comisión de Legislación General y Victoria Donda en la de Derechos Humanos. Pero quedó trabada en la comisión de Presupuesto, en las últimas sesiones del año pasado, cuando la oposición bloqueaba el tratamiento del Presupuesto nacional. En esa lógica de no trabajo que se dio en el Congreso, el proyecto terminó congelado”.
Cerutti fue secuestrado el 12 de enero de 1977. Hombres del grupo 3.3.2 de la ESMA, que actuaba bajo las órdenes del almirante Emilio Massera, entraron a las tres de la madrugada a la vivienda, forzando las puertas con golpes y patadas, y se llevaron al empresario, que tenía 75 años. En otro sector de la misma finca, conocido como ‘La Casita’, dormía su yerno, Oscar Masera Pincolini, de 41 años, junto a su mujer y sus tres hijos. También se lo llevaron, después de golpearlo hasta dejarlo inconsciente.
Cerutti provenía de una de las familias fundadoras de Chacras de Coria, donde se dedicaba a la vitivinicultura; su yerno Omar era ingeniero agrónomo. Unos días antes de que los secuestraran habían sido desaparecidos en Buenos Aires, también por la Armada, los otros dos socios de la empresa Cerro Largo, el abogado Conrado Gómez y el contador Horacio Palma. Los llevaron a todos a la ESMA, donde luego de meses de cautiverio fueron obligados a transferir las tierras de Cerro Largo a la sociedad Wil-Ri. El nombre de esta SA estaba formado por la conjunción de las sílabas iniciales de los nombres de dos represores, Wil por Federico Williams, nombre falso del torturador de la ESMA, Francis William Whamond; y Ri por Héctor Ríos, nombre falso de Jorge Rádice, otro torturador del centro clandestino.
Wil-Ri tenía sede legal en Cerrito 1136, 10º piso, Ciudad de Buenos Aires, el mismo domicilio legal del Partido para la Democracia Social del almirante Massera. En los ’80, la SA fue comprada por una nueva empresa, perteneciente al hijo del represor Eduardo Massera y su tío Carlos Massera.
La casa no fue apropiada por los marinos, aunque sí malvendida por la esposa de Cerutti, a raíz de numerosas amenazas. La intención del proyecto es que funcione un museo, pero que también tenga aulas para dar clases, una biblioteca y un lugar para exposiciones y otras actividades culturales.
En Chacras de Coria, el proyecto tiene el apoyo de los vecinos, que ya en el ’99 evitaron que el lugar fuera demolido, frenando un intento de que se construyera ahí un supermercado. Junto con la iniciativa por el Centro de la Memoria, también se está impulsando el reclamo de que el loteo apropiado por los marinos y denominado desde entonces Wil-Ri cambie su nombre y el de sus calles por los de Honor por Victorio Cerutti, Justicia por Omar Masera, Equidad por 30 mil desaparecidos, Caridad por Conrado Gómez y Amistad por Horacio Palma.
“Los organismos de derechos humanos y un sector importante de la sociedad han luchado para que en Mendoza pudieran comenzar los juicios por los crímenes de la dictadura”, señaló Mónica Cerutti. “Fue una lucha muy grande, porque hubo jueces y otros funcionarios que desde dentro del poder judicial se oponían, por haber sido cómplices de los militares. La provincia se merece tener u n espacio para la memoria y la defensa de los derechos humanos.”
1 de febrero de 2011
25 de enero de 2010
©página 12
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